El sistema de salud previsional atraviesa uno de sus momentos más delicados. En las últimas semanas, se ha acentuado la crisis derivada de los ajustes en la estructura de cobertura de PAMI, impactando directamente en el acceso a medicamentos esenciales. Según relevamientos recientes y denuncias de organizaciones de jubilados, miles de afiliados se han visto forzados a discontinuar tratamientos crónicos debido a la falta de recursos económicos para cubrir los copagos o por la eliminación de la gratuidad en diversos fármacos.
El recorte, que se enmarca en un plan de ajuste fiscal sobre la obra social, ha modificado los criterios de acceso al beneficio del 100% de cobertura. Ahora, solo aquellos que perciben haberes mínimos y cumplen con requisitos patrimoniales estrictos pueden acceder a la gratuidad total, previa realización de trámites presenciales y digitales que muchos adultos mayores califican como “farragosos” e inaccesibles.
Expertos en salud advierten que esta situación no solo representa un perjuicio económico inmediato, sino una “crisis en cadena” que terminará saturando el sistema público de salud provincial y municipal, hacia donde migran los jubilados que ya no encuentran respuestas en PAMI. En este contexto, ya se han presentado recursos de amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar lo que consideran una vulneración del derecho constitucional a la salud.
La incertidumbre crece mientras las farmacias reportan bajas significativas en el retiro de medicación ambulatoria, alertando sobre un posible deterioro generalizado en los indicadores de salud de la tercera edad en el corto plazo.