En momentos en que el Congreso de la Nación se prepara para dar inicio al debate sobre una propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto ha presentado una iniciativa legislativa propia. El proyecto busca establecer un régimen legal integral para regular el lobby —o “gestión de intereses”— en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de aportar una mayor transparencia a los procesos de toma de decisiones del Estado.
De acuerdo con el texto presentado, se define al lobby como toda actividad lícita orientada a influir en la redacción, modificación o sanción de leyes, decretos y otras disposiciones estatales, ya sea en beneficio propio o para favorecer a terceros. La normativa se apoya en principios fundamentales como la transparencia, la igualdad de trato frente a las diversas demandas sectoriales y el resguardo del derecho constitucional de la ciudadanía y las organizaciones a peticionar ante las autoridades.
Uno de los pilares centrales de la propuesta es la creación de un “Registro de actividades de Lobby” que funcionará de manera independiente tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Según el articulado, la inscripción en esta plataforma digital, pública y gratuita será de carácter obligatorio para cualquier persona física o jurídica que pretenda ejercer la gestión de intereses, constituyendo un requisito previo e indispensable para operar. Los gestores deberán declarar con precisión a quién representan, los objetivos perseguidos, los honorarios o retribuciones percibidas y la nómina de funcionarios que intentan contactar, comprometiéndose a actualizar estos datos mediante informes trimestrales.
El proyecto también traslada responsabilidades directas al sector público. El presidente de la Nación, los ministros, los legisladores y los funcionarios de alta jerarquía estatal tendrán la obligación de presentar declaraciones juradas cada tres meses sobre las reuniones o gestiones de lobby que hayan recibido, detallando quiénes intervinieron y los temas abordados. Asimismo, el texto introduce un estricto régimen de incompatibilidades que prohíbe el ejercicio del lobby a cualquier funcionario en actividad y extiende esta restricción hasta dos años posteriores al cese de sus funciones, alcanzando también a sus familiares directos.
Para fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones, se propone como autoridad de aplicación a las Agencias de Acceso a la Información Pública de cada poder del Estado, las cuales deberán velar por la publicidad y accesibilidad de los registros. A su vez, la iniciativa contempla la incorporación de los lobistas dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP) bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF), robusteciendo los controles orientados a prevenir e identificar potenciales conflictos de interés.
En los fundamentos de su presentación, Pichetto argumenta que la gestión de intereses es un componente natural de las democracias contemporáneas, dado que funciona como un canalizador de demandas de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, advierte que la ausencia de un marco regulatorio claro puede distorsionar la institucionalidad. El legislador sostiene que transparentar estos mecanismos optimiza la calidad de las políticas públicas y democratiza el acceso a la información relevante, visibilizando la incidencia de los actores privados. Finalmente, el proyecto invita formalmente a las provincias a adoptar regulaciones de características similares para unificar criterios federales en materia de integridad pública.