El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ha ratificado la continuidad de un severo esquema de ajuste fiscal que impacta de manera directa en el sector previsional. En las últimas horas, la situación se ha tensado debido a una combinación de recortes presupuestarios, la paralización de servicios esenciales en el PAMI y la respuesta de las centrales sindicales, que ya preparan una medida de fuerza a nivel país.
La crisis en el PAMI ha llegado a un punto crítico tras denuncias por la falta de cobertura en medicamentos e insumos básicos, sumado a la interrupción de prestaciones médicas en diversas regiones. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de un proceso de “reordenamiento administrativo”, pero las organizaciones de jubilados y pensionados advierten que el desfinanciamiento pone en riesgo la salud de millones de afiliados que no pueden afrontar los aumentos de precios por fuera del sistema público.
En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la CTA han manifestado su rechazo absoluto a las políticas de austeridad. Los dirigentes gremiales denuncian que la licuación de los haberes jubilatorios frente a la inflación y la desarticulación de la asistencia social son los pilares de un programa económico que castiga a los sectores más vulnerables.
Ante la falta de diálogo con el Gobierno y la ratificación del rumbo económico por parte de la cartera de Hacienda, los sindicatos han formalizado la convocatoria a un paro nacional. La medida busca frenar lo que consideran un desmantelamiento del sistema previsional y exigir una recomposición urgente de los ingresos que permita cubrir la canasta básica de los adultos mayores.