El ambicioso plan de ajuste fiscal ejecutado por el gobierno de Javier Milei ha encontrado en las vías férreas su cara más dramática. Lo que el oficialismo presenta como un saneamiento de las cuentas públicas se traduce, en la práctica, en un sistema ferroviario que agoniza en un espiral de deterioro, cancelaciones y falta de seguridad.
De acuerdo con datos del Observatorio del IIEP (UBA-Conicet), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sufrió una caída real del 59% en los aportes estatales durante el primer semestre de 2026. Esta asfixia financiera ha paralizado obras de mantenimiento esenciales y ha reducido la inversión en material rodante a niveles históricos.
La crisis no es solo de infraestructura. La política de “motosierra” sobre la planta estatal ha provocado un drenaje de personal especializado. Entre despidos, retiros voluntarios y jubilaciones no reemplazadas, el sistema se ha quedado sin los brazos necesarios para operar. Omar Maturano, referente del sector, advierte que la situación es crítica: “Hoy se cancelan trenes por falta de personal. No solo faltan locomotoras, también faltan maquinistas”.
Esta carencia se siente cada mañana en las estaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde casi 1.200.000 pasajeros intentan llegar a sus puestos de trabajo. Las frecuencias se han estirado —en algunos casos pasando de un tren cada 7 minutos a uno cada 15—, provocando amontonamientos peligrosos y un malhumor social que crece al ritmo de las demoras.
La precariedad del servicio está logrando un objetivo no declarado: la expulsión de los pasajeros del sistema público. Según especialistas como Federico Conditi, el uso del ferrocarril ha caído un 18% debido a la falta de certezas horarias y al cierre de ramales. La incertidumbre se ha vuelto la norma: salir de casa ya no garantiza llegar a destino a tiempo.
El riesgo de accidentes es la otra cara de la moneda. El descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento en Liniers a finales de 2025 fue un aviso que, según los trabajadores, no fue escuchado. Sin inversión en vías y con repuestos que no llegan, el colapso técnico parece ser solo cuestión de tiempo
Desde el Gobierno, la mirada está puesta en el valor inmobiliario de las tierras ferroviarias más que en la función social del transporte. Funcionarios del área han sugerido que las estaciones en zonas estratégicas podrían transformarse en hoteles, shoppings u oficinas para generar ingresos, una visión que choca frontalmente con la necesidad de un transporte público eficiente para la clase trabajadora.
Mientras el debate político continúa en los despachos oficiales, en los andenes la realidad es una sola: trenes que no llegan, vías que mueren y un sistema que, bajo el peso del ajuste, ha comenzado a descarrilar.