El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, denominada Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, marco legal que faculta al Estado provincial a intervenir inmuebles y bienes utilizados para actividades criminales o que presenten un estado de abandono que ponga en riesgo la seguridad pública.
La normativa habilita medidas preventivas y temporales —con un plazo inicial de hasta seis meses prorrogables— como el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva de propiedades identificadas como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito. No obstante, la legislación aclara que la simple falta de uso de un inmueble no justifica la intervención estatal.
En cuanto al procedimiento, la ley fija delimitaciones claras: los casos que involucren ocupación efectiva, disputas de posesión o medidas de fondo deberán tramitarse de manera exclusiva por la vía judicial. Asimismo, se establece que los recursos económicos obtenidos por subastas de bienes decomisados se destinarán en un 60% al equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en un 40% a programas de prevención y asistencia de consumos problemáticos.