El exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, expresó su firme rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. A través de sus canales oficiales, el dirigente cordobés calificó la medida como un hecho grave e inédito en la historia democrática reciente de Argentina, señalando que este tipo de restricciones atentan directamente contra el ejercicio profesional de la comunicación y el derecho a la información de la ciudadanía.
Para Schiaretti, la libertad de prensa constituye uno de los pilares insustituibles de cualquier sistema democrático saludable. El legislador enfatizó que, si bien es legítimo que el Gobierno pueda tener discrepancias con los medios de comunicación o con las líneas editoriales de ciertos sectores periodísticos, bajo ningún punto de vista es aceptable que se utilicen mecanismos institucionales para silenciarlos o impedirles el acceso a la sede de gobierno. En este sentido, remarcó que la confrontación de ideas es parte del debate político, pero la censura de espacios de trabajo fundamentales es una señal preocupante.
El pronunciamiento del bloque Provincias Unidas, liderado por el exmandatario, también se sumó a las críticas, exigiendo que se garanticen de manera urgente las condiciones adecuadas para que los cronistas puedan retomar sus tareas habituales. Desde el espacio político subrayaron que la transparencia pública depende de un periodismo que pueda preguntar y observar de cerca las acciones del poder, advirtiendo que sin libertad de prensa la calidad institucional del país se ve seriamente comprometida.
Este cruce se produce en un contexto de creciente tensión entre la administración nacional y distintos sectores del periodismo, luego de que se implementara un nuevo esquema de acreditaciones y restricciones de movimiento dentro de la Casa de Gobierno. La postura de Schiaretti refuerza el bloque de oposición moderada que busca poner límites a lo que consideran excesos del Ejecutivo en materia de libertades civiles y acceso a la información pública, un tema que promete seguir escalando en la agenda política nacional.