En un movimiento que busca retomar la iniciativa política y reconfigurar el sistema de representación en Argentina, el Gobierno nacional envió este miércoles al Congreso de la Nación su ambicioso proyecto de reforma electoral. La propuesta, que ingresó formalmente por la Cámara de Diputados, plantea una reestructuración profunda que incluye la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios drásticos en el financiamiento de las campañas y la implementación de la denominada ley de “Ficha Limpia”.
Desde la Casa Rosada justificaron la medida bajo el argumento de que el sistema actual está “viciado de raíz” y representa un gasto excesivo para el Estado. Según el texto enviado al Poder Legislativo, la supresión de las PASO devolvería la responsabilidad de elegir candidatos a las estructuras internas de cada partido político, eliminando el financiamiento público para instancias de selección que el Ejecutivo califica como un “experimento fallido”.
El apartado referente al financiamiento de los partidos propone un giro hacia el sector privado. La iniciativa busca transparentar los aportes de empresas y particulares, permitiendo que las agrupaciones puedan financiarse íntegramente de forma voluntaria y renunciar, si así lo desean, al aporte estatal. El oficialismo sostiene que esta medida combatirá la informalidad en los fondos de campaña, aunque desde la oposición ya se advierte sobre el riesgo de que los intereses corporativos capturen la agenda política.
Otro de los pilares del proyecto es la cláusula de “Ficha Limpia”, que impediría a personas con condenas ratificadas en segunda instancia por delitos de corrupción presentarse como candidatos a cargos públicos. Esta propuesta, que ya había generado fuertes cruces legislativos en el pasado, vuelve al centro de la escena con el objetivo declarado de terminar con la impunidad en la función pública.
El proyecto también contempla el endurecimiento de las condiciones para que los partidos mantengan su personería jurídica. Se prevé un aumento en los pisos mínimos de afiliados y de votos obtenidos en las elecciones generales, una medida orientada a reducir la proliferación de sellos partidarios sin base electoral real. Los partidos vigentes tendrán hasta mediados de 2027 para adecuarse a estas nuevas normativas.
A pesar de la urgencia manifestada por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, el tratamiento parlamentario se perfila complejo. Las principales fuerzas de la oposición han expresado su rechazo inicial, argumentando que la reforma busca debilitar a los partidos más chicos y concentrar el poder. Se espera que el debate real en las comisiones comience en el segundo semestre del año, una vez superada la agenda deportiva del Mundial de Fútbol y ante la proximidad del próximo calendario electoral.